Los casos se iniciaron a raíz de dos amparos presentados por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), ante la negativa de dichos organismos a brindar acceso a esos datos.

Participó de la reunión conjunta de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. Pidió que se sancione una ley que regule la publicidad oficial de acuerdo a estándares de libertad de expresión y transparencia y presentó un documento con propuestas.

Desde el año 2004, ADC y Poder Ciudadano solicitan periódicamente información pública sobre los gastos en materia de pauta oficial y el Estado venía respondiendo a los mismos. Sin embargo, desde fines de 2009 la Jefatura de Gabinete de Ministros ha rechazado estos pedidos alegando que se trata de información que involucra datos personales. La ADC inició dos acciones de amparo para solicitar a la Justicia que ordene la entrega de dicha información.

La ley había sido sancionada en diciembre por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El veto parcial recae sobre algunos artículos sobre transparencia y prohibición de uso propagandístico de la pauta estatal que significaban un avance en relación con el manejo de estos fondos. La ADC exhorta a los legisladores a ratificar el texto original de la norma.

El organismo se había negado argumentando que no estaba obligado legalmente  a brindar esos datos. Pero la justicia sostuvo lo contrario y advirtió que aún cuando se trata de un ente público no estatal está obligado a brindar información.

Un informe efectuado por la ADC sobre acceso a la información pública en materia de gastos de publicidad oficial revela una negativa sistemática de distintos gobiernos locales a brindar acceso a estos datos. La investigación abarca las provincias de Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta y Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto consensuado, y que trataría la Legislatura, omite regular aspectos fundamentales de la contratación y distribución de la publicidad oficial. La sanción de una norma con dichas falencias no garantiza un efectivo avance en materia de transparencia y libertad de expresión. La ADC elaboró un documento analizando los aspectos centrales de la propuesta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel, había ordenado al Estado argentino modificar la legislación para evitar que el uso de estas figuras legales afecte la circulación de ideas e informaciones en casos de interés público. La reforma constituye un gran avance hacia una mayor protección de la libertad de expresión. 

El Poder Ejecutivo Nacional invirtió 396.307.367 pesos en pauta en 2008, un 23 por ciento más que el año anterior. El documento de ADC analiza  el reparto entre los medios, y las campañas y organismos que demandaron mayores fondos públicos. Faltan criterios claros de asignación y mayor transparencia en la información sobre los gastos.