Los casos se iniciaron a raíz de dos amparos presentados por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), ante la negativa de dichos organismos a brindar acceso a esos datos.

En el marco de la sentencia dictada en el caso del diario Río Negro, la provincia debe adoptar una normativa sobre distribución de publicidad oficial. La ADC, Convocatoria Neuquina, el Sindicato de Prensa de Neuquén y la Cooperativa 8300 presentaron observaciones sobre el esquema de asignación propuesto por el gobierno.
 

Luego de ser aprobada con amplia mayoría en el Congreso, algunos sectores económicos y políticos dieron batalla judicial a la LSCA. En algunos de esos casos, los peticionantes lograron incluso medidas cautelares contra una parte o la totalidad de la norma. La Corte Suprema decidió revocar la suspensión total de la LSCA.

Más de 20 instituciones elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático y demanda la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
 

Lo dispuso un juez en lo Civil y Comercial. El magistrado hizo lugar a una acción de amparo. El reclamo se había fundado en un decreto provincial que establece estándares mínimos de acceso a la información de la Administración Pública.
 

El organismo se había negado argumentando que no estaba obligado legalmente  a brindar esos datos. Pero la justicia sostuvo lo contrario y advirtió que aún cuando se trata de un ente público no estatal está obligado a brindar información.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, restablecer la publicidad oficial que recibía la emisora en términos compatibles con la asignada durante el año 2006, luego de su completa anulación a principios de 2008. 

En el fallo "Editorial Río Negro contra Provincia de Neuquén", en el año 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el gobierno provincial había violado el derecho a la libre expresión del diario Río Negro, al retirarle pauta oficial en represalia por sus coberturas críticas.

Por un amparo patrocinado por la ADC, y como consecuencia directa de la violación del derecho constitucional de acceso a la información pública, en noviembre de 2007 la justicia obligó al gobierno neuquino a entregar datos sobre publicidad oficial.

Tras haber solicitado información de carácter público junto a la ADC, y ante la falta de respuesta del gobierno cordobés, en el año 2007 la Fundación GEOS ganó un amparo que obligó al ejecutivo provincial a proporcionar la información que le había sido solicitada.