Mediante el Decreto 1225/2010, firmado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 26.522. 

Los casos se iniciaron a raíz de dos amparos presentados por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), ante la negativa de dichos organismos a brindar acceso a esos datos.

Participó de la reunión conjunta de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. Pidió que se sancione una ley que regule la publicidad oficial de acuerdo a estándares de libertad de expresión y transparencia y presentó un documento con propuestas.

En el marco de la sentencia dictada en el caso del diario Río Negro, la provincia debe adoptar una normativa sobre distribución de publicidad oficial. La ADC, Convocatoria Neuquina, el Sindicato de Prensa de Neuquén y la Cooperativa 8300 presentaron observaciones sobre el esquema de asignación propuesto por el gobierno.
 

La ADC participó del proceso de consultas para la elaboración del decreto reglamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las sugerencias apuntan a fortalecer las autoridades de aplicación y mejorar la distribución de la publicidad oficial  en los medios audiovisuales.

Luego de ser aprobada con amplia mayoría en el Congreso, algunos sectores económicos y políticos dieron batalla judicial a la LSCA. En algunos de esos casos, los peticionantes lograron incluso medidas cautelares contra una parte o la totalidad de la norma. La Corte Suprema decidió revocar la suspensión total de la LSCA.

Más de 20 instituciones elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático y demanda la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
 

Lo dispuso un juez en lo Civil y Comercial. El magistrado hizo lugar a una acción de amparo. El reclamo se había fundado en un decreto provincial que establece estándares mínimos de acceso a la información de la Administración Pública.
 

Desde el año 2004, ADC y Poder Ciudadano solicitan periódicamente información pública sobre los gastos en materia de pauta oficial y el Estado venía respondiendo a los mismos. Sin embargo, desde fines de 2009 la Jefatura de Gabinete de Ministros ha rechazado estos pedidos alegando que se trata de información que involucra datos personales. La ADC inició dos acciones de amparo para solicitar a la Justicia que ordene la entrega de dicha información.

Eleonora Rabinovich
Para LA NACION