(Buenos Aires, 23 de marzo de 2009) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y Poder Ciudadano, dos organizaciones que trabajan desde hace años sobre cuestiones vinculadas con el manejo abusivo de la publicidad oficial, manifiestan su preocupación ante la reciente negativa del Gobierno Nacional de brindar información sobre la materia. Dicha negativa constituye una violación al derecho de acceso a la información pública y un sorpresivo cambio de actitud por parte de un gobierno que habitualmente respondía positivamente a dichos requerimientos.
Desde el año 2004, ambas organizaciones solicitan periódicamente información pública sobre los gastos en materia de pauta oficial a la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete. A pesar de algunos defectos en la entrega de información, el Estado venía respondiendo a los pedidos de información que se le solicitaban, lo cual permitía a ambas organizaciones ejercer una tarea de monitoreo sobre dichos gastos.
Sin embargo, desde fines de 2009 la Jefatura de Gabinete de Ministros ha rechazado los pedidos de acceso a la información sobre pauta oficial efectuados por ambas ONGs con un nuevo argumento: alega que se trata de información que involucra “datos personales de carácter sensible” y que por lo tanto habría que contar primero con el consentimiento de aquellas personas cuya información es cedida, según lo establecido por la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.
Esta respuesta constituye un cambio injustificado por parte del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los criterios sostenidos hasta el momento, lo cual implica negar información que durante años sí entregó.
Por otra parte, los pedidos de información efectuados no involucraban datos sensibles, que son aquellos que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, filosóficas, religiosas o de la vida sexual de las personas. Los pedidos trataban sobre contrataciones estatales, materia sobre la cual impera el principio de publicidad y máxima divulgación de los actos de gobierno.
La ADC y Poder Ciudadano enviaron una carta al Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernandez, para solicitar que se revierta la situación, entregando la información solicitada por ambas organizaciones. Se trata de datos fundamentalmente centrados en los gastos del segundo semestre del 2009. La ADC, además, inició dos acciones de amparo para solicitar a la Justicia que ordene la entrega de dicha información.