Luego de ser aprobada con amplia mayoría en el Congreso, algunos sectores económicos y políticos dieron batalla judicial a la LSCA. En algunos de esos casos, los peticionantes lograron incluso medidas cautelares contra una parte o la totalidad de la norma. La Corte Suprema decidió revocar la suspensión total de la LSCA.

La ley había sido sancionada en diciembre por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El veto parcial recae sobre algunos artículos sobre transparencia y prohibición de uso propagandístico de la pauta estatal que significaban un avance en relación con el manejo de estos fondos. La ADC exhorta a los legisladores a ratificar el texto original de la norma.

El organismo se había negado argumentando que no estaba obligado legalmente  a brindar esos datos. Pero la justicia sostuvo lo contrario y advirtió que aún cuando se trata de un ente público no estatal está obligado a brindar información.

Desde el año 2004, ADC y Poder Ciudadano solicitan periódicamente información pública sobre los gastos en materia de pauta oficial y el Estado venía respondiendo a los mismos. Sin embargo, desde fines de 2009 la Jefatura de Gabinete de Ministros ha rechazado estos pedidos alegando que se trata de información que involucra datos personales. La ADC inició dos acciones de amparo para solicitar a la Justicia que ordene la entrega de dicha información.